La falta de seguridad jurídica sobre las tierras indígenas, los obstáculos para acceder a fondos internacionales y las amenazas contra los defensores ambientales son algunos de los desafíos que Panamá debe atender para garantizar la conservación de sus bosques y el desarrollo sostenible de las comunidades.
Así lo expresó Sara Omi Casama, abogada emberá y fundadora de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá (AMARIE-Emberá), durante una entrevista con Eventos507, en la que abordó las principales demandas presentadas por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía.
La lideresa explicó que las comunidades indígenas reclaman cuatro acciones fundamentales: fortalecer las economías comunitarias, detener la criminalización de los defensores ambientales, garantizar el acceso directo al financiamiento climático y reconocer legalmente sus territorios.
Panamá mantiene una deuda en la titulación de tierras indígenas
Uno de los principales señalamientos de Casama está relacionado con las solicitudes de titulación colectiva de tierras que permanecen pendientes en Panamá.
Según explicó, las comunidades enfrentan una creciente presión por la expansión agrícola y la tala indiscriminada, situaciones que ponen en riesgo sus recursos naturales y sus formas tradicionales de vida.
La representante indígena considera indispensable que el Estado avance en el reconocimiento de los derechos territoriales y otorgue mayores garantías a las comunidades para administrar sus recursos y desarrollar iniciativas económicas sostenibles.
¿Por qué los fondos climáticos no llegan a las comunidades?
Casama cuestionó que una parte importante de los recursos internacionales destinados a la conservación ambiental continúe concentrándose en grandes organizaciones intermediarias, mientras las comunidades enfrentan procedimientos complejos para acceder a ellos.
“Todavía hay una brecha enorme”, señaló, al explicar que la información sobre las oportunidades de financiamiento muchas veces no llega a los territorios y que los extensos formularios y requisitos administrativos dificultan la participación de las organizaciones indígenas.
De acuerdo con datos del Forest Tenure Funders Group citados por la AMPB, apenas el 7.2 % de los recursos movilizados en 2025 bajo su compromiso de apoyo a los derechos territoriales forestales llegó directamente a organizaciones indígenas y comunidades locales.
Como alternativa, Casama destacó la experiencia del Fondo Territorial Mesoamericano, un mecanismo que permite respaldar iniciativas comunitarias relacionadas con el monitoreo territorial, la conservación de los bosques y el liderazgo de las mujeres.
La vocera insistió en la necesidad de que los recursos tengan resultados verificables y “no solamente se queden en el discurso y en los papeles”.
Turismo, artesanías y soberanía alimentaria: el aporte indígena a Panamá
Más allá de la conservación ambiental, Casama destacó que las comunidades indígenas contribuyen al desarrollo económico del país mediante actividades que combinan generación de ingresos y preservación cultural.
Entre ellas mencionó el turismo comunitario, la producción de artesanías y las iniciativas de soberanía alimentaria lideradas por mujeres indígenas.
Explicó que estas actividades permiten fortalecer la autonomía económica de las comunidades, conservar los conocimientos ancestrales y proteger recursos como el agua, las semillas y los bosques.
Para la lideresa, el concepto de economía comunitaria trasciende la generación de ingresos.
“No solamente estamos hablando en lo monetario”, expresó, al destacar que el desarrollo también implica mantener la identidad cultural, fortalecer la gobernanza territorial y enfrentar las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres indígenas.
Defender los bosques también representa riesgos
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la seguridad de quienes defienden los territorios indígenas.
Casama advirtió sobre casos de criminalización judicial, secuestros y asesinatos de defensores ambientales en Mesoamérica. Como ejemplo, mencionó situaciones de violencia contra integrantes de comunidades locales en México.
También manifestó preocupación por los riesgos que enfrentan los líderes y lideresas en Panamá, y pidió mayores mecanismos de protección para garantizar que puedan ejercer su labor sin poner en peligro sus vidas.
De los compromisos internacionales a las acciones concretas
Tras la COP31, el mensaje de la vocera panameña apunta a que los gobiernos, organismos internacionales y entidades financiadoras conviertan sus compromisos en medidas que impacten directamente a las comunidades.
Entre las prioridades mencionó avanzar en la titulación colectiva de tierras, facilitar el acceso a recursos económicos, fortalecer las economías indígenas y garantizar la seguridad de los defensores ambientales.
Para Casama, proteger los bosques y combatir el cambio climático requiere reconocer a los pueblos indígenas como actores fundamentales en la conservación de los ecosistemas y brindarles herramientas para gestionar sus propios territorios.
El desafío para Panamá será traducir estas demandas en políticas y acciones que permitan conservar su patrimonio natural, fortalecer los derechos indígenas y generar oportunidades de desarrollo sostenible desde las propias comunidades.

Créditos Fotos: Sara Omi_Credit Tova Katzman for Rights and Resources Initiative.jpg
