Desde hoy y hasta el 25 de junio, la provincia de Bocas del Toro vive bajo un estado de urgencia decretado por el Gobierno Nacional. Esto significa que varios de los derechos y libertades protegidos por la Constitución están oficialmente suspendidos, según lo establece el Decreto de Gabinete N.º 27.
Sin embargo, muchas personas —incluso dentro de la misma provincia— no entienden del todo qué implica esta medida ni cómo les afecta en su vida cotidiana.
📌 ¿Por qué se suspenden garantías constitucionales?
El contexto de esta decisión es la creciente tensión por la Ley 462 de 2025, que introduce reformas al sistema de seguridad social. En respuesta, distintos sectores sindicales, en especial el Sindicato de la Industria Bananera, han salido a protestar cerrando vías públicas en Bocas del Toro.
La suspensión de garantías busca, según el Gobierno, recuperar el orden público, pero a costa de limitar derechos fundamentales de todos, no solo de quienes protestan.
❗ ¿Qué garantías están suspendidas?
A través del decreto, se suspenden los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. Traducido en palabras simples, esto significa que:
- Se pueden hacer detenciones sin orden judicial.
- El habeas corpus pierde efectividad temporalmente.
- No hay garantía de audiencia previa ante acusaciones.
- El gobierno puede restringir o prohibir reuniones públicas.
- El domicilio de una persona puede ser allanado sin orden.
- Se limita la libertad de tránsito y circulación.
- Se pueden interceptar comunicaciones sin orden judicial.
⚠️ ¿Qué implica esto para los ciudadanos?
Aunque parezca algo lejano o técnico, estas medidas pueden afectar a cualquier residente o visitante en Bocas del Toro, incluso si no participa en las protestas.
Una persona podría ser detenida solo por estar en el lugar equivocado, sin derecho inmediato a defensa. Se pueden realizar allanamientos sin previo aviso, y la Policía puede restringir el paso en zonas públicas sin mayor explicación.
Además, las reuniones familiares o vecinales pueden ser malinterpretadas como actos de protesta, y se podrían tomar acciones represivas contra ellas.
💬 ¿Esto es legal?
La Constitución de Panamá sí permite, en situaciones excepcionales, que el Ejecutivo suspenda ciertas garantías por un periodo limitado, como en este caso, hasta el 25 de junio. Pero también exige que estas medidas sean proporcionales, justificadas y temporales.
El artículo 55 y el artículo 200 de la Constitución respaldan este tipo de decreto. Sin embargo, su uso genera preocupación sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles.
📢 Conclusión
Lo que está ocurriendo en Bocas del Toro no es una medida menor ni algo que deba pasarse por alto. Se trata de una decisión delicada que afecta derechos fundamentales de la ciudadanía, aunque no estén en las calles protestando. Es necesario mantenerse informado, actuar con precaución y seguir exigiendo transparencia en el uso del poder estatal.