Panamá en la COP31: indígenas exigen fondos para proteger los bosques

La protección de los bosques, el acceso al financiamiento climático y la seguridad de quienes defienden los recursos naturales forman parte de las principales demandas que representantes indígenas de Mesoamérica han llevado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya, Turquía, hasta el 20 de noviembre.

La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) hizo un llamado a los gobiernos y organismos multilaterales para que los compromisos internacionales contra el cambio climático se traduzcan en recursos económicos, protección territorial y apoyo directo a las comunidades que conservan los ecosistemas.

Entre las voces que participan en este esfuerzo destaca la panameña Sara Omi Casama, fundadora de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá (AMARIE-Emberá), quien defiende el reconocimiento de los conocimientos tradicionales, la participación de las mujeres indígenas y el acceso a fondos para proteger los territorios.

Solo el 7.2 % del financiamiento llegó directamente a las comunidades

Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la COP31 está relacionado con la distribución de los recursos destinados a la protección ambiental.

Según datos del Forest Tenure Funders Group, citados por la AMPB, apenas el 7.2 % de los fondos movilizados en 2025 llegó directamente a organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales.

Esta situación evidencia las dificultades que enfrentan quienes trabajan en la conservación de los bosques para acceder a financiamiento sin intermediarios.

Como respuesta a este desafío, el Fondo Territorial Mesoamericano (FTM) ha desarrollado un mecanismo de financiamiento que busca fortalecer la capacidad de las comunidades para administrar recursos e impulsar proyectos propios.

Desde su creación, el fondo reporta haber movilizado 2.2 millones de dólares. Durante 2025 ejecutó 314,550 dólares, de los cuales 282,500 dólares fueron destinados directamente a inversión territorial.

De acuerdo con la organización, sus iniciativas han contribuido a beneficiar directamente a 56,405 personas e indirectamente a otras 191,806, además de fortalecer la gestión comunitaria de más de 4.38 millones de hectáreas de bosque.

Lideresa emberá de Panamá exige mayor apoyo internacional

La participación de Panamá en esta agenda regional incluye el liderazgo de Sara Omi Casama, abogada emberá y defensora de los derechos indígenas, quien promueve el empoderamiento económico y cultural de las mujeres de su comunidad.

Casama sostiene que la lucha contra el cambio climático debe reconocer el aporte de los pueblos indígenas y garantizar los recursos necesarios para conservar los territorios.

“Proteger estos territorios requiere financiamiento directo y garantías reales para nuestras comunidades”, afirmó la representante indígena.

La lideresa también destaca la importancia de proteger el patrimonio cultural, la biodiversidad y los ecosistemas marinos que forman parte de la riqueza ambiental de Mesoamérica.

Su participación coloca en la agenda internacional las experiencias de las comunidades indígenas panameñas y el papel de las mujeres en la conservación ambiental.

Defensores ambientales enfrentan amenazas en Latinoamérica

La seguridad de quienes protegen los ecosistemas también forma parte de las prioridades presentadas ante la COP31.

Según cifras de Global Witness citadas por la AMPB, 149 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecieron en Latinoamérica durante 2025.

La organización también presentó datos regionales sobre la violencia contra defensores territoriales, una situación que, según advierte, amenaza los esfuerzos de conservación y la continuidad de proyectos comunitarios.

Frente a este escenario, la AMPB solicita garantías de protección individual y colectiva, reconocimiento de los derechos territoriales y medidas que permitan desarrollar las actividades de conservación sin poner en riesgo la vida de sus integrantes.

Las economías indígenas también generan oportunidades de desarrollo

La propuesta mesoamericana no se limita a solicitar fondos internacionales. También plantea reconocer las economías indígenas y comunitarias como modelos capaces de combinar conservación ambiental, generación de ingresos y desarrollo local.

Entre las experiencias presentadas destacan las concesiones forestales comunitarias de Petén, Guatemala, donde el aprovechamiento sostenible de los bosques ha permitido desarrollar actividades económicas y generar empleos.

También figuran iniciativas de producción agroforestal, conservación de semillas tradicionales y agricultura sostenible en México, Costa Rica y Guatemala.

Estos modelos buscan demostrar que la protección de los recursos naturales puede desarrollarse junto con actividades productivas que beneficien directamente a las comunidades.

COP31: Mesoamérica busca influir en las decisiones climáticas

Durante la cumbre, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques impulsa encuentros sobre financiamiento territorial, economías indígenas, protección de defensores ambientales y uso de tecnologías para la gestión de incendios forestales.

Levi Sucre Romero, director general de la AMPB, destacó que la organización cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión forestal comunitaria y derechos territoriales.

Su propuesta busca fortalecer la inversión directa, reconocer el conocimiento tradicional y aumentar la participación de las mujeres y comunidades locales en las decisiones ambientales.

La COP31 representa así una oportunidad para que los países y organismos internacionales evalúen no solo cuánto financiamiento destinan a combatir el cambio climático, sino también quiénes reciben los recursos y qué impacto generan en los territorios.

Para Panamá y el resto de Mesoamérica, el desafío consiste en lograr que la conservación de los bosques se convierta en una prioridad respaldada por inversiones, derechos territoriales y oportunidades económicas sostenibles.