Tras ganar la demanda por la que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la Ley 315, que prohibía los cigarrillos electrónicos en el país, la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo de Panamá (ARDTP) insta a las autoridades y al público general a poner atención y seguir el ejemplo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que está aplicando la reducción de daños en sus procesos de autorización de productos de tabaco o nicotina.
El pasado 21 de junio, la FDA autorizó la comercialización de cuatro marcas de cigarrillos electrónicos mentolados en EEUU, y aseguró que, tras una “extensa revisión científica” de las pruebas presentadas por el fabricante, se demostró que “permitir la comercialización de los productos sería adecuado para la protección de la salud pública”. Los argumentos de la agencia parten del principio de que estos productos pueden lograr que fumadores dejen el cigarrillo de combustión, con lo que pueden reducir considerablemente su exposición al daño.
La agencia estadounidense, un referente para países como Panamá por ejemplo para la autorización de medicamentos, destacó en su comunicado que su trabajo en este tema consiste en evaluar “los riesgos y beneficios para la población general” de los productos de tabaco o nicotina, y por ello concluyó que los cigarrillos electrónicos mentolados que fueron autorizados “proporcionan un beneficio a los adultos que fuman cigarrillos en relación con productos con sabor a tabaco”, con lo que fue “suficiente para superar los riesgos del producto, incluido el atractivo para los jóvenes”.
Poco después, los máximos responsables de la FDA en el tema del control del tabaco firmaron, junto a autoridades del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) de EE.UU., un artículo publicado en julio en la revista científica Nature, en el que también expusieron su perspectiva basada en evidencia científica sobre los cigarrillos electrónicos como herramientas para la reducción de daños, algo en lo que hemos enfatizado desde la ARDTP durante los últimos años.
En ese artículo, los expertos de FDA y NIDA aseguran que los productos de tabaco combustible son los que “representan el mayor riesgo”, aunque a nivel general en la población exista mucha desinformación al respecto, por lo que proponen educar mejor a los fumadores sobre los riesgos de los productos de tabaco. Por ejemplo, explican que, en EEUU, “las personas negras, hispanas y de bajos ingresos que fuman parecen más propensas a creer que los cigarrillos electrónicos son más dañinos que los cigarrillos combustibles”.
Un estudio de la Universidad de Londres (University College of London) publicado en febrero de este año concluyó que el 57% de los fumadores en Inglaterra creen que los cigarrillos electrónicos son tanto o más dañinos que los cigarrillos tradicionales, una cifra que ha crecido desde 2021, coincidiendo con un aumento en informes de salud pública y noticias de prensa que “a menudo han exagerado los riesgos potenciales” de estos productos, generando “percepciones inexactas” que son generalizadas. Esto tiene “implicaciones importantes para la salud pública”, pues según los investigadores esta “percepción errónea” puede “disuadir a los fumadores de reducir sustancialmente su daño al cambiar a los cigarrillos electrónicos” y puede “alentar a algunos jóvenes a comenzar a fumar”.
Esta realidad es latente en Panamá, al punto de que el país tuvo durante muchos años una prohibición de estos productos (ahora levantada por la Corte Suprema de Justicia) y ha sido usual que autoridades de Salud equiparen los riesgos de los cigarrillos de combustión con los de los cigarrillos electrónicos, pese a la amplia literatura científica que señala lo contrario. Esta negativa automática a considerar tanto los riesgos como los beneficios de las alternativas al cigarrillo ha provocado que miles de fumadores no hayan tenido acceso por la vía legal a productos que podrían haberles ayudado a dejar de fumar.
No obstante, la ARDTP considera que el fallo histórico de la Corte Suprema sobre la Ley 315 le da al país la oportunidad de tener un debate objetivo y basado en evidencia científica, que contemple todas las perspectivas que existen sobre el tabaquismo, sobre cómo regular adecuadamente los cigarrillos electrónicos, siguiendo el ejemplo no solo de la FDA, sino también de las políticas públicas de reducción de daños que han adoptado países como Reino Unido, Japón o Suecia, que es el país que más ha logrado reducir el impacto del tabaquismo en su sistema de salud sin necesidad de imponer prohibiciones que provocan más problemas de los que resuelven.
La ARDTP se pone a disposición de las autoridades y los legisladores para emprender este debate regulatorio de forma transparente e incorporando a actores de la sociedad civil, y así contribuir desde todas las respetables perspectivas a lograr una regulación más efectiva que la prohibición, hoy declarada inconstitucional.
