La reciente aprobación de la Ley No. 419 en Panamá ha generado un vital diálogo entre los dirigentes farmacéuticos del país, quienes buscan influir en la reglamentación de esta ley para asegurar el futuro de su profesión. Esta ley, que regula los medicamentos y otros productos para la salud humana, así como la adquisición pública de medicamentos, dispositivos y equipos médicos, plantea cambios significativos en el sector. La reunión de farmacéuticos en Santiago de Veraguas ha sido un punto de encuentro para discutir y proponer modificaciones que garanticen la implementación efectiva de la ley, destacando la importancia de contratar personal idóneo en las farmacias, ya sean profesionales farmacéuticos o técnicos.
Jaime Olive, presidente de Conalfarm, ha sido una voz líder en estas discusiones, poniendo énfasis en la necesidad de mantener la independencia entre las profesiones médicas y farmacéuticas para evitar conflictos de intereses. La propuesta de elevar la actual Dirección Nacional de Farmacia y Drogas a una autoridad que no sea dirigida por un médico resalta este punto, apelando a una tradición deontológica que data desde la edad media. Esta separación entre el prescriptor y el dispensador se considera fundamental para el ejercicio ético de ambas profesiones.
El llamado a Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, para avanzar en la formalización de los concursos de posiciones según lo establecido en la Ley 24 de 1983, es un paso crucial para la implementación de la Ley No. 419. Este proceso es vital para asegurar que los mejores profesionales ocupen las posiciones clave en el sector, fortaleciendo así el sistema de salud pública y privada en Panamá. El compromiso de los dirigentes farmacéuticos con el avance de su profesión y la salud pública se refleja en su activa participación en el proceso legislativo, demostrando la importancia de una colaboración efectiva entre el sector farmacéutico y el gobierno.
